Por: Roberto Castelán Rueda*
Fotografía: Cuartoscuro
7 de mayo de 2015. Lo sensato, frente a la gravedad de la situación y la intervención militar del gobierno federal, sería que cuando menos el Fiscal General del Estado renunciara. Pero la sensatez no puede contarse entre las características del actual gobierno del Estado. Al contrario, si algo tiene sumido a Jalisco en la profunda crisis de seguridad en la que se encuentra, es la actitud pasiva, acrítica, negligente que el gobernador y su fiscal decidieron adoptar frente a las inquietudes, denuncias y exigencias de los ciudadanos.
Pero el fiscal no solamente debe renunciar. Lo lógico sería que fuera sometido a una investigación seria para deslindar su grado de responsabilidad en el enorme deterioro de la seguridad pública en el estado de Jalisco.
Por complicidad, incapacidad o negligencia, que para el caso llevan a lo mismo, el Fiscal General del Estado debe explicar cómo durante el sexenio pasado bajo el gobierno panista en el cual él se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública se incubó, creció y se arraigó un cártel extremadamente peligroso, con una enorme capacidad de movilización por todo Jalisco y con un poder de fuego mayor al que hasta ahora habían mostrado otros cárteles en otros estados.
Lograr eso no es fácil, se requiere precisamente que exista una complicidad entre los mandos y el crimen organizado, y una enorme incapacidad y negligencia de estos mandos. Por eso el fiscal debe, cuando menos, además de renunciar, dar una explicación convincente ante la justicia y ante la ciudadanía reiteradamente desdeñada por él.
Pero lo grave también reside en la actitud del gobernador del estado, quien con desesperación busca encontrar culpables que mitiguen su incapacidad y la de su fiscal. Al primer culpable lo encontró en la Procuraduría General de Justicia, específicamente en la figura del ex procurador. Cabe la duda de si el gobernador se hubiera atrevido a señalarMurillo Karam como un negligente Procurador General de Justicia si se encontrara aún en el puesto.
Lejos de gastar su energía buscando culpables, sería un acto ético y honesto de parte del gobernador del estado, el que ofreciera disculpas a sus gobernados y aceptara que cometió un grave error al nombrar a un Fiscal General que, además de provenir de otro partido político, había demostrado durante los años que estuvo en el cargo de Secretario de Seguridad Pública su incapacidad y tal vez complicidad en el crecimiento del llamadoCártel Jalisco Nueva Generación.
El gobernador del estado en su momento no pudo, como no lo puede hacer ahora, mostrar ninguna razón medianamente válida para proponer y mantener en sus funciones a un colaborador tan incompetente y tan negligente en un área en extremo sensible como es la seguridad del estado.
La disculpa que el gobernador está obligado a ofrecer a los ciudadanos de este estado es por haber minimizado sus preocupaciones, por no atender —y se sigue negando a hacerlo— los reclamos de los padres de los miles de desaparecidos y sobre todo, por minimizar el dolor, la frustración y la desesperanza de quienes han visto cómo el estado de Jalisco ha perdido de manera violenta la paz y la tranquilidad.
Un gobierno que no puede, que es incapaz de garantizar la seguridad a los ciudadanos a quienes sirve, es un gobierno que sencillamente no sirve para nada.
* Roberto Castelán Rueda es académico de la Universidad de Guadalajara. También escribe en el periódico Milenio Jalisco.
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