JALISCO EN LLAMAS… Y 20 AÑOS CON LOS MISMOS JEFES POLICIACOS

Por Sandra Rodríguez Nieto mayo 7, 2015 

¿Cómo se convirtió Nemesio Oseguera Cervantes, de 50 años, antes policía municipal y distribuidor de heroína en el norte de California en líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el presunto cabecilla del ejército criminal considerado ahora el más letal para el Estado Mexicano?

Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador priista de la entidad, dio una pista contundente el pasado 15 de abril, en entrevista radiofónica: la organización criminal ha crecido porque ha sido solapada desde el Gobierno del Estado anterior al suyo.

Lo que no dijo el mandatario priista en esa entrevista es que él ascendió a los jefes policiacos de la administración panista que acusa de proteger al narco, como su Fiscal General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Junto con ellos, desde la década de los noventa, creció Oseguera Cervantes, también conocido como “El Mencho”.

El ex Gobernador panista Emilio González Márquez observa una de las seis camionetas Ram que les regaló el abogado Antonio Molina de la Puente, a la postre asesinado. Atrás de González se ve al hoy Fiscal General Luis Carlos Nájera, entonces Secretario de Seguridad Pública. Foto: Gobierno de Jalisco

Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– La ceremonia fue pública, en el Palacio de Gobierno de Jalisco, el 13 de marzo de 2009. El abogado, político priista y empresario Antonio Molina de la Puente entregó ahí las llaves de seis camionetas Dodge Ram, cortesía de su despacho, al comandante Alejandro Solorio Aréchiga, entonces director general de Seguridad Pública del Gobernador panista Emilio González Márquez. Era el primer Día del Servidor Público de las fuerzas armadas estatales, instituido por el Ejecutivo para reconocer “el valor, mérito y antigüedad” de los elementos a cargo de su secretario de Seguridad Pública y hoy Fiscal General, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco.

“Con el trabajo comprometido de los cuerpos policiacos, el crimen organizado no tendrá asiento en Jalisco”, dijo Nájera en el evento, ante cámaras, otros funcionarios estatales, legisladores, jueces y militares.

Después habló el abogado Molina de la Puente, que pidió “a la sociedad respaldar las acciones de los cuerpos de seguridad”, y todo quedó documentado en un boletín oficial del Gobierno estatal y en fotografías en las que se observa al mandatario panista con las camionetas Ram nuevas. Nájera, de cabello claro y nariz aguileña, aparece de perfil en la imagen, detrás del mandatario.

Nadie pareció sospechar entonces del dueño del Grupo Molina, un despacho ubicado en la colonia Providencia de esta capital y especializado en la gestión de negocios, lobby y diseño de esquemas fiscales como fusión, escisión y creación de “empresas integradoras”, entre otros instrumentos financieros. En 2009 fue incluso nombrado candidato a síndico de Zapopan por la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con Nueva Alianza (Panal), y en 2014, condecorado en la Cámara de Diputados por una universidad privada en la Ciudad de México.

Molina de la Puente era benefactor del Gobierno del Estado de Jalisco y públicamente cercano a los jefes policiacos Nájera y Solorio. Pero Molina de la Puente era, asimismo, un empresario relacionado con personas vinculadas con el crimen organizado y con la vasta red de lavado de dinero que el veterano narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cartel de Guadalajara –semilla de casi todos los demás–, tiene aún en esta capital y su zona metropolitana. El Gobierno estadounidense apunta específicamente a un presunto amigo del abogado Molina de la Puente, el empresario Luis Cortés Villaseñor, señalado desde 2013 por el Departamento del Tesoro de EU como parte de blanqueo en el que también fueron acusados de participar los cuatro hijos de Caro Quintero, su esposa María Elizabeth Elenes Lerma, una nuera y más de una decena de integrantes de una familia de apellidos Sánchez Garza, también radicada en Guadalajara. Es para éstos últimos, según EU, para quien trabajaría Cortés Villaseñor directamente.

Entre todos, señaló la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Tesoro de EU el 12 de junio de 2013, han creado y sostenido un entramado de lavado de dinero procedente de actividades ilegales a través de al menos 15 negocios, como la constructora Fracsa, el restaurante bar Los Andariegos o Barbaresco, en la colonia Providencia; el spa Hacienda Las Limas y la tienda de jabones y productos de baño que la red criminal tuvo el gesto de llamar “El Baño de María”.

Cortés Villaseñor era tan cercano al abogado Molina de la Puente que, en abril pasado, según reportó este 3 de mayo la revista Proceso Jalisco, ambos empresarios hicieron un viaje a Zacatecas junto con dos de sus hijos pequeños para practicar la cacería. Y de allá regresaban el día 26, en una camioneta Dodge Ram sobre la carretera Guadalajara-Colotlán, cuando hombres armados y a bordo de otras dos SUV los interceptaron, los acribillaron y luego escaparon sin problema. Eran las 17:55 horas, publicó Reforma, a la altura del municipio zacatecano García de la Cadena.

“(Molina de la Puente) patrocinó campañas del PRI y fue cercano al magistrado con licencia, Leonel Sandoval, padre del Gobernador”, agregó Proceso Jalisco.

El abogado –a cuya familia solicitó SinEmbargo una entrevista– aparece identificado en éste y otros reportajes locales como una persona tan cercana al Gobierno estatal que, justo días antes del crimen en el que perdió la vida, en medio del estallido de violencia atribuido al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su nombre se mencionaba para sustituir al Fiscal Nájera.

Nájera, también vinculado con el senador priista Arturo Zamora Jiménez, es un abogado que anuncia públicamente combatir la delincuencia organizada –que es un delito federal– y que en el último informe de González Márquez presumió tener armamento altamente sofisticado. Está bajo sospecha pública de proteger al CJNG desde al menos 2011, cuando mantas colocadas en Guadalajara y videos que se atribuyó la Familia Michoacana (o FMG) lo señalaron con la acusación de estarles haciendo una guerra personal para favorecer a sus rivales.

Pese a la clandestinidad del origen de los mensajes, y como ocurrió desde el sexenio pasado en otros territorios de México, los contenidos describieron con detalle la estructura, patrones operativos y probable corrupción política detrás de la impunidad con la que actúan los grupos criminales, única explicación contundente de tal estallido de violencia.